En una sociedad como la actual y un país como el nuestro, el hecho de que las personas pierdan su vivienda habitual por no poder pagarla, quedándose en la calle, me parece de todo punto inconcebible. Situaciones así conducen en más ocasiones de las que pensamos al súmmum de la desesperación y a un callejón sin salida que fácilmente desemboca en el suicidio. Es algo que siempre ha pasado, con mayor o menor frecuencia, personas que se quitan la vida al verse acorraladas por las deudas, no disponiendo de margen ni de posibilidades reales de satisfacerlas, ni siquiera de generar algún tipo de ingresos a corto plazo. Antes, la gente observaba estas tragedias poniendo cara de circunstancias y mirando hacia el suelo para lamentar con leves movimientos de cabeza la mala gestión que el fallecido hizo de su empresa o patrimonio o, por el contrario, afeaba su actitud con gesto displicente en la barra de algún bar. Ahora las cosas han cambiado (se han derrumbado), y son muchísimas las personas que están siendo o serán desahuciadas de sus hogares. Decenas de millares a las que les es materialmente imposible satisfacer sus hipotecas y préstamos. Aún quedan voces que narran con media sonrisa y mirada chispeante cómo muchas de estas personas invirtieron mal, arriesgaron demasiado y pecaron de imprudentes o ambiciosas. Pero lo cierto es que, aunque en bastantes casos esas afirmaciones sean ciertas, la situación actual es de total descarrilamiento, no de terreno empinado o pedregoso; y está arruinando o limitando seriamente las posibilidades y el futuro de toda una generación de españoles. Mucha gente ha sido atropellada por esta crisis, independientemente de que hayan esperado a que el semáforo se ponga en verde o mirado a los lados antes de cruzar. Viviendas que eran adquiridas para crear un hogar hubieron de ser pagadas a un precio excesivo por parejas que a los pocos años han perdido de forma inesperada su empleo, o visto reducido significativamente su salario. El perverso efecto dominó de la crisis sobre el empleo, los salarios o los servicios sociales coloca a la sociedad en una situación de indefensión tal que no debería estar incluida entre esas “reglas del juego” que nos han hecho tragar desde siempre la posibilidad de que alguien pierda su techo de forma taxativa e incruenta.
“Creo firmemente que es fundamental para el futuro inmediato de nuestra sociedad que los gobiernos (sean del signo que sean) demuestren que, llegado el caso, están verdaderamente dispuestos a plantar cara al poder financiero y defender la dignidad de su pueblo”
Aceptando que una persona debe hacer frente a sus compromisos a la hora de firmar una hipoteca o un préstamo, la lógica natural nos dice que si pide dinero para comprar una vivienda y no puede hacer frente a ese pago debería perder la propiedad de la vivienda (dación en pago) no el valor que el mercado le conceda actualmente, aprovechándose obscenamente del mismo ahogo de la economía que deja a esa familia desprotegida y fuera de juego. Una vez quede claro que la vivienda pasa a ser propiedad de la entidad bancaria acreedora, si una familia no dispone de otro sitio en el que vivir, pienso que es obligación ineludible del Estado velar por el mantenimiento de su dignidad, de sus condiciones mínimas de vida. Para ello, los poderes públicos tendrían que obligar a esas entidades bancarias que tan sucio han jugado, y que se van a sanear con un dinero público que endeudará a generaciones venideras de españoles a favorecer, incluso perdiendo dinero, la permanencia de sus antiguos propietarios en dichas viviendas, alquilándoselas (como ya ha ocurrido en casos puntuales) en condiciones lo suficientemente flexibles; revisando caso por caso bajo control judicial, si es preciso. Creo firmemente que es fundamental para el futuro inmediato de nuestra sociedad que los gobiernos (sean del signo que sean) demuestren que, llegado el caso, están verdaderamente dispuestos a plantar cara al poder financiero y defender la dignidad de su pueblo.
